Víctimas de abusos en la Iglesia Católica no se han mostrado sorprendidas por el “muro de obstruccionismo” de los obispos españoles, ante el hecho de que solo cuatro de las 70 diócesis españolas hayan ofrecido datos concretos a la Fiscalía General del Estado sobre los casos de abusos sexuales a menores en sus diócesis, y han pedido que se cree una comisión que tenga poder para obligar a los obispos a entregar toda la información. “No es para nosotros nada nuevo ni es extraño, ya lo esperábamos, la Iglesia en este tema sigue arrastrando los pies”, ha lamentado, en declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Asociación de Víctimas de Abusos Sexuales en centros religiosos de Navarra y víctima en el colegio de los Reparadores de Puente la Reina, José Luis Pérez. A su juicio, el problema siempre ha sido “que la Iglesia ha tenido y se le ha dado tantísimo poder que se cree por encima del bien y del mal, y creen que no tienen por qué dar explicaciones a nadie”.
En la misma línea, Manuel Barbero, padre de una de las víctimas de abusos en el colegio Maristes de Barcelona, considera que “el Gobierno ha hecho mal el planteamiento” porque “debería haber dotado de herramientas a la Fiscalía” para “investigar con más profundidad”. “¿Qué van a decir ellos? Que ellos tienen su propia comisión, no tienen obligación de contestar sobre casos prescritos. La Iglesia se está riendo a la cara del fiscal general”, ha opinado.
Tal y como explica el primer denunciante del caso de abusos en Montserrat, Miguel Hurtado, “los obispos no tienen la menor obligación legal de colaborar con la Fiscalía o la Justicia en el esclarecimiento de los casos de pederastia clerical ya prescritos”. Por este motivo, viene reivindicando desde hace años que se apruebe la “imprescriptibilidad” de la pederastia.
“Se cumplen cien por cien las predicciones que hicimos en 2022: que las iniciativas del Estado para intentar esclarecer los hechos, la del Defensor del Pueblo y la Fiscalía iban a chocar con el muro del obstruccionismo de los obispos españoles”, señaló Miguel Hurtado a Europa Press.
A su juicio, esto se hubiera resuelto creando una “comisión de la verdad” con “poderes coercitivos de investigación” para poder “obligar a los obispos a entregar los archivos canónicos, la fichas de la perversión, con los documentos de las investigaciones internas que han realizado durante décadas”; y “obligar a comparecer a los responsables de las instituciones religiosas donde se han producido abusos sexuales”.
QUE ABRAN VENTANAS
Por su parte, el presidente de la Asociación Infancia Robada y padre de la víctima del caso Gaztelueta, Juan Cuatrecasas, considera que la Iglesia lleva “años de encubrimiento” y que “es hora de que cumplan con el Motu Proprio del Papa Francisco, que abran sus ventanas y sacudan sus alfombras sin más demoras ni excusas absurdas”. A su parecer, las oficinas de atención a las víctimas abiertas en las diócesis están siendo “un fiasco terrible” y denuncia que “se están produciendo casos terribles silenciados en lo que al trato de las víctimas se refiere”. “Lo que busca el Fiscal General es dar un enfoque positivo a la situación de abandono de muchas víctimas cuyos casos están prescritos y los obispos negacionistas y minimalistas en porcentajes y secuelas deben saber que nunca dejaremos de luchar porque las realidades silenciadas dejen de serlo y se logren verdad, justicia, reparación y acompañamiento”, zanja.
