El Gobierno foral pondrá a disposición de la Iglesia católica los expedientes de las 35 víctimas reconocidas de abusos sexuales, a los que se suman otros 18 expedientes más en proceso, para que la Conferencia Episcopal actúe de manera interna tras el anuncio del arzobispo de Pamplona de que se les indemnizará.

Lo ha indicado la consejera de Interior, Amparo López, en el pleno del Parlamento en respuesta a una pregunta de Contigo-Zurekin, en la que ha valorado el anuncio del arzobispo Florencio Roselló de reparar económicamente a las víctimas que denunciaron agresiones sexuales en el seno de la Iglesia Católica hace décadas en Navarra.

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López ha dicho que es "bienvenido y positivo" el movimiento dado por Roselló, después de que con el anterior arzobispo la Iglesia Católica declinara ocupar los puestos que se le habían reservado en la Comisión de Expertos creada por el Ejecutivo para determinar su condición de víctimas a decenas de denunciantes.

"Tenemos interlocución abierta con la Iglesia desde el primer momento", ha dicho la consejera, quien ha señalado que en esta comisión hasta el momento hay reconocidas 35 víctimas y hay otros 18 expedientes más abiertos, 8 iniciados y 10 en proceso.

"Es un trabajo ingente y complejo" el realizado, ha dicho para señalar que este material se entregará a la Iglesia, pero "a partir de ahí desconocemos el mecanismo que se hace en el seno de la Iglesia católica" para llevar a efecto la reparación económica anunciada.

La cuestión ha sido planteada por Miguel Garrido (Contigo-Zurekin), quien ha valorado el trabajo llevado a cabo por el Gobierno, con su compañero Eduardo Santos como consejero en la anterior legislatura, para crear la comisión a la que ahora la Iglesia "se abre" a integrar y "asumir la responsabilidad real".

Por ello, ha celebrado el anuncio reciente de Roselló, si bien ha advertido de que "la reparación no es solo una indemnización económica" porque las propias víctimas "reivindican un reconocimiento público del daño causado", ha dicho tras animar al Gobierno a que siga "garantizando que las víctimas sean escuchadas y la reparación sea una realidad".