Desmantelan en Tierra Estella una trama que usurpó la identidad de 155 personas en el sector del metal
Diecisiete investigados y siete empresas implicadas en un entramado que defraudó cerca de un millón de euros durante cuatro años
Dos años de investigación han destapado un sofisticado entramado de fraude laboral y falsificación documental en el sector del metal de Navarra. La Guardia Civilha investigado a 17 personas y siete empresas por utilizar fraudulentamente las identidades de 155 personas —trabajadores, extrabajadores, clientes e incluso personas ajenas al sector— para simular ventas de chatarra y eludir controles fiscales. El fraude alcanzaría cerca de un millón de euros.
Todo comenzó con algo aparentemente rutinario: varios robos de cobre en tendidos eléctricos y cableado telefónico en Tierra Estella. La Guardia Civil intensificó las inspecciones en centros de reciclaje de la zona y acabó poniendo el foco en un centro de tratamiento de chatarra de la Merindad de Estella donde algo no cuadraba.
El patrón sospechoso
Al revisar la documentación del centro, los agentes detectaron un patrón extraño: decenas de albaranes reflejaban ventas de chatarra realizadas por diferentes personas, siempre con importes inferiores a 1.000 euros por operación y que nunca superaban los 3.000 euros por vendedor.
El sistema se repetía una y otra vez, lo que hizo saltar las alarmas. La Guardia Civil sospechó de un posible fraccionamiento deliberado de operaciones para sortear controles fiscales y administrativos.
Las comprobaciones posteriores revelaron un hecho de mayor gravedad: muchas de las personas que supuestamente habían vendido la chatarra desconocían por completo esas transacciones. Sus nombres habían sido utilizados sin su consentimiento. En algunos casos se trataba de trabajadores o extrabajadores de las empresas investigadas; en otros, de clientes, proveedores o incluso personas totalmente ajenas al mundo del metal.
Identidades robadas
La investigación, que abarcó el periodo entre 2020 y 2024, reveló que varias empresas del sector metalúrgico habrían utilizado de forma sistemática identidades de terceros para registrar ventas ficticias de material reciclable. El objetivo: ocultar a los verdaderos operadores y fragmentar las operaciones para dificultar su rastreo.
El análisis de documentación contable, registros laborales y archivos informáticos permitió a los agentes reconstruir el modus operandi: las empresas empleaban datos personales de trabajadores, familiares, clientes o personas completamente ajenas para hacer figurar en los albaranes que ellos habían vendido la chatarra, cuando en realidad no habían hecho nada.
Horas extra encubiertas
Pero el fraude no terminaba ahí. La Guardia Civil también detectó irregularidades laborales. Al estudiar nóminas y documentación interna, los agentes descubrieron que las empresas investigadas habrían encubierto horas extraordinarias bajo conceptos retributivos como dietas, lo que habría perjudicado tanto los derechos de los trabajadores como las cotizaciones a la Seguridad Social.
En la fase final de la operación, el cuerpo llevó a cabo entradas y registros en varias empresas y en el centro de reciclaje donde todo comenzó. Se incautaron numerosos documentos, equipos informáticos y soportes de almacenamiento que fueron sometidos a un exhaustivo análisis.
Los agentes examinaron más de 83.000 archivos digitales, cerca de 10.000 documentos escaneados, unos 800 albaranes y aproximadamente 2.000 tickets de pesaje. Un trabajo minucioso que permitió reconstruir el entramado y establecer conexiones entre empresas, personas y operaciones fraudulentas.
155 víctimas y 32 delitos
Como resultado, 17 personas físicas y siete personas jurídicas investigadas, 155 personas perjudicadas que vieron cómo sus identidades eran utilizadas sin su conocimiento, y un fraude que podría alcanzar cerca del millón de euros.
Las diligencias han permitido esclarecer 32 delitos, entre ellos usurpación de estado civil, falsedad documental, corrupción entre particulares, administración desleal, delitos contra los derechos de los trabajadores, revelación de secretos y fraude a la Seguridad Social.
La causa ha sido instruida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estella, Plaza Nº2.
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