La Cámara de Comptos y el Consejo de Navarra analizarán la compensación aprobada por el Gobierno foral a Audenasa, la sociedad concesionaria de la Autopista A-15. Un pago de 6,28 millones como compensación por la pérdida de viajeros por la pandemia, pero que se ha llevado a cabo en contra del criterio de Intervención, que cifraba el abono en 1,2 millones. Y de cuya legalidad dudan los partidos de la oposición, que llevan este lunes al Parlamento diversas propuesta estudiar el posible sobrepago y, en su caso, reclamar la devolución del dinero.

EH Bildu plantea así que sea Comptos quien fiscalice toda la operación. El órgano fiscalizador ya realizó un estudio detallado sobre la política comercial de la AP-15, que incluye subvenciones en el peaje y una compensación posterior del Gobierno a la concesionaria para garantizar su viabilidad económica. El parlamentario Adolfo Araiz recuerda sin embargo que este ajuste se realiza en base a una fórmula concreta recogida en el convenio de adjudicación, y que se ha venido aplicando de la misma forma durante los últimos 20 años. También en durante los ejercicidos de 2009 a 2012, en los que también se redujo el transito de vehículos, reduciendo igualmente la compensación.

Señala sin embargo que esta vez la fórmula recogida en el acuerdo de concesión se ha aplicado de forma diferente para beneficiar a los intereses de la propia concesionaria, cuya propiedad comparten al 50% el Gobierno de Navarra y el Grupo Itínere, liderado por el fondo de inversión City Group. "Todo ello sin haberse respetado el procedimiento legalmente establecido para la modificación del contenido de los distintos convenios suscritos con esta mercantil", apunta en su propuesta EH Bildu, que denuncia que tampoco se ha aplicado la normativa general de contratos.

"Todas estas actuaciones del Gobierno de Navarra, realizando una modificación de la fórmula pactada para el cálculo de las compensaciones a la concesionaria por los descuentos en la AP-15 ha provocado que Hacienda tenga que hacer un sobrepago de 5 millones", denuncia EH Bildu, que reclama que el Parlamento solicite a la Cámara de Comptos "un informe de fiscalización financiero y de legalidad extraordinario y urgente".

En términos similares, aunque menos detallados, plantea Izquierda-Ezkerra un informe de fiscalización de Comptos. La parlamentaria Marisa de Simón pide que se analice si se han producido "cambios en la aplicación de la fórmula acordada en el contrato de concesión o en los diferentes convenios para la compensación a la empresa"; si los convenios suscritos entre el Gobierno de Navarra y Audenasa "están sujetos a legalidad en el caso de una disminución del tráfico", y si el importe de la mencionada factura que el Departamento de Economía y Hacienda ha asumido emitir y abonar a Audenasa "es acorde a la legalidad".

Consejo de Navarra

Por su parte, los 20 parlamentarios de Navarra Suma han registrado una petición para que sea el Consejo de Navarra quién analice la legalidad de la operación de forma urgente. La petición hace un repaso de los hechos por los que considera "imprescindible" la emisión de un dictamen "sobre la adecuación a la legalidad" del acuerdo por el que el Gobierno foral compensa a Audenasa con 6,28 millones. Además, plantea al Consejo que estudie, "en caso de no ser conforme al ordenamiento jurídico, si se ha producido vicio de nulidad de pleno de derecho o anulabilidad".

Navarra Suma señala además que la "urgencia" del informe solicitado está motivada en que el Parlamento ha aprobado ya solicitar al Gobierno que declare "la lesividad" de la compensación. "Por ello resulta necesario disponer en el plazo más breve posible el dictamen a fin de que, en su caso, el órgano competente para revisar de oficio el acto o declarar lesivo el mismo e instar su anulación ante las instancias jurisdiccionales, lo pueda hacer efectivo en plazo disponiendo del tiempo y el conveniente sustento jurídico del Gobierno de Navarra", apunta la coalición de Javier Esparza en la propuesta que envía hoy al Parlamento. Tanto esta, como las que han presentado EH Bildu e I-E, cuentan con votos suficientes para su tramitación.