El caso de la familia okupa de la calle Jarauta es un ejemplo de la situación en la que están viviendo otras muchas en la ciudad. Hace falta visibilizar la presencia de una madre y un menor en una situación de desesperación total, que se ve abocada a entrar a un piso vacío, para que se busquen soluciones, y de paso, para conocer la miseria que no queremos ver, para darnos cuenta de esa otra realidad social que no tiene que ver con la droga, la delincuencia ni la marginalidad.

El acuerdo alcanzado con la sociedad municipal Pamplona Centro Histórico parece lo razonable, es decir, lograr que pasen la madre y sus niños a un piso de emergencia en San Pedro a cambio de abandonar el número 19 de la calle Jarauta. Esta madre dijo, sentirse “prisionera” al no poder moverse fuera del piso ni a por comida (se la pasaban por la ventana) para que no la echaran. Y con amenazas de un desahucio por la fuerza y de quitarle la custodia de sus hijos. Estamos ante personas vulnerables, menores en concreto. También ha habido en esta okupación ‘colectiva’ que al parecer ha tenido un caliz reivindicativo jóvenes que no pueden emanciparse y víctimas de violencia.

La historia de esta mujer, que no pudo sostener la vivienda de alquiler en la que vivía junto a su familia y de la que fue desahuciada, es un relato lamentablemente más habitual del que creemos con los alquileres por las nubes. Creo que el apoyo o complicidad de este tipo de movimientos sociales como Kontseilu Sozialista de Iruñerria -o de Apoyo Mutuo que ha dado a conocer en los últimos meses la difícil situación de las personas sin hogar en esta ciudad- son necesarios, como lo fueron en su momento las plataformas de la PAH que supieron arriesgar y plantar cara a los desahucios ante situaciones inhumanas aunque fueran ilegales.

Porque sigue siendo inconcebible que existan viviendas vacías en manos de las administraciones, aunque estén sin rehabilitar, y haya familias -en este caso con tres menores a su cargo- que vaguen por la calle sin poder pagar ni siquiera una habitación compartida. Me pongo también en el difícil lugar de las y los trabajadoras sociales de los servicios sociales del Ayuntamiento de Pamplona o del personal de Nasuvinsa que tienen que lidiar día a día con multitud de solicitudes de personas que no encuentran una solución habitacional y sin saber qué hacer con ellas por falta de pisos de emergencia. Hasta ahora la policía podía echar a la persona okupante sin orden judicial en un plazo de 48 horas. Habrá que ver el encaje fino de estos casos en la nueva ley estatal de vivienda, que obliga a poner fecha a los lanzamientos, propugna soluciones extrajudiciales para casos vulnerables y deja en manos de las comunidades alternativas de mediación.