Navarra paga al año 160 millones por los intereses de la deuda generada por el Estado. Es el 28,7% de la aportación, y que se puede disparar en los próximos años si el coste financiero de los intereses, actualmente bajos, se dispara, o si se acometen amortizaciones netas. Un escenario ante el que Geroa Bai plantea modificar el Convenio Económico para que Navarra deje de pagar por “los intereses y las cuotas de amortización de todas las deudas del Estado”. La iniciativa, que será debatida en los próximos días en el Parlamento, no es vinculante, pero busca fijar una posición institucional ante la actualización del Convenio que Navarra y el Ministerio de Hacienda deben acometer en breve.

Navarra y el Estado tienen pendiente renovar los términos de su relación financiera para el quinquenio 2020-2024. El último acuerdo, alcanzado en 2017 con Mikel Aranburu como consejero y que sirvió para mejorar la financiación, hacía referencia al quinquenio 2015-2019, por lo que acumula ya más de un año de prórroga. En un contexto además marcado por la situación sanitaria, lo que ha motivado un aumento muy notable de la deuda del Estado.

De hecho, una parte importante de la deuda generada por el Estado está destinada a financiar el gasto corriente del resto de comunidades, y que Navarra asume con cargo a su propia recaudación fiscal y endeudamiento. Tampoco la inversión en infraestructuras es proporcional -Navarra ha financiado el 1,6% de todas las obras de alta velocidad con cerca de 900 millones, y ha recibido una inversión muy menor-, de la misma forma que prestaciones como el desempleo, al tener una tasa mayor de empleo, son proporcionalmente inferiores.

Solidaridad interregional

Navarra aporta al Estado en función de su peso económico, y no por población, a través de un Convenio que incluye además otros factores de solidaridad interregional, y que la Comunidad Foral nunca ha cuestionado. Sin embargo, el peso cada vez mayor de la deuda pública del Estado hace que el coste anual para Navarra sea también mayor, pero sin distinguir qué parte del endeudamiento es atribuible a la Comunidad Foral y qué parte se corresponde con competencias propias que ejerce con cargo a su presupuesto.

Este es un debate que ya planteó la pasada legislatura el consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, que advertía sobre la actual redacción del Convenio Económico, que recoge que “se considerarán como cargas no asumidas por la Comunidad Foral los intereses y cuotas de amortización de todas las deudas del Estado”. “La disposición quizá tuvo razón de ser en el escenario financiero de 1990, pero no en la devastadora política financiera del Estado de los últimos doce años, que han llevado a la deuda pública a cifras superiores al PIB, hacen que el importe de intereses y cuotas de amortización adquiera un enorme peso en el cálculo de la aportación hasta hacerla insostenible e injustificada desde la lógica del Convenio”, apunta el propio Aranburu.

La cuestión sin embargo quedó pendiente la pasada legislatura, en la que se acometió el nuevo cálculo de la aportación, pero no la actualización del texto legal. Un debate que recupera ahora Geroa Bai en un contexto en el que la pandemia sanitaria ha vuelto a disparar la deuda pública. “La aportación al Estado no puede crecer exponencialmente por el mero hecho del gradual e imparable endeudamiento del Estado, cuya deuda supera los 1,3 billones, y que supone el 114% del PIB”, advierte el parlamentario de Geroa Bai, Mikel Asiáin.