El sindicato LAB exige al Gobierno de Navarra que "asuma sus responsabilidades" sobre las malas prácticas que el propio Ejecutivo ha constatado sobre la exclusividad de los médicos. Al menos dos facultativos de Osasunbidea, que también trabajaban en el ámbito privado, percibían indebidamente este complemento que se cobra por trabajar en régimen de dedicación exclusiva en el sistema público (unos 800 euros al mes).
LAB puso en conocimiento del Gobierno foral los once casos que podían incurrir en mala praxis y ahora las resoluciones de Función Pública recogen, entre otras cuestiones, que ninguno de esos once médicos de Osasunbidea que también trabajaban en el ámbito privado había solicitado la autorización de compatibilidad, necesaria para ejercer su profesión fuera del sistema público. Una conducta tipificada en la Administración como "falta muy grave".
De los once expedientes abiertos, en siete de ellos se han iniciado actuaciones por parte del Ejecutivo foral, no así en los cuatro restantes ya que dichos facultativos ya no se encuentran en servicio activo en Osasunbidea.
De esos siete casos analizados por Función Pública, dos de ellos incurrieron en mala praxis al estar cobrando el complemento de exclusividad mientras trabajaban en una consulta privada y los otros cinco casos, serían facultativos que trabajaban en el ámbito privado sin cobrar el complemento de exclusividad, pero que ejercían funciones de jefaturas de sección y servicio sin un nombramiento oficial, cargos que conllevan la dedicación exclusiva en el sistema público.
Por otra parte, LAB también llevo este tema a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra, que además de confirmar la denuncia del sindicato, tiene una investigación abierta sobre estos 11 casos para conocer el alcance y las consecuencias de estos hechos y su repercusión sobre Osasunbidea. Asimismo, analizará los expedientes de reintegro del complemento de exclusividad indebidamente percibido por quienes, a la vez, han ejercido una actividad privada.
"Ausencia de control y dejadez"
El sindicato LAB, que realizó estas denuncias hace un año, ha ofrecido este jueves una rueda de prensa en la que ha afeado "la ausencia de control y dejadez" en Osasunbidea que evidencian estos casos y ha exigido al Gobierno que "asuma sus responsabilidades y ponga fin al escándalo de Osasunbidea del que es responsable directo".
También le ha pedido que cumpla con lo firmado con los trabajadores y trabajadoras de Osasunbidea "y ponga en marcha un único mecanismo para monitorizar y controlar el cumplimiento de las normas de compatibilidad y exclusividad en relación a la actividad privada". "No hay excusas y LAB no va dar por buena, de ninguna de las maneras, una mesa al margen con el SMN, que sería algo así como poner al lobo a cuidar de las ovejas", ha insistido Imanol Karrera, portavoz del sindicato en Navara.
Karrera ha considerado que "la manera de actuar y las exigencias del Sindicato Médico de Navarra (SMN), VOX, UPN y también el Colegio de Médicos (que ha desatendido reunirse con este sindicato) responden exclusivamente a evidentes intereses corporativos y políticos, y perjudican a la dignidad de la profesión médica".
Asimismo, ha proseguido, cuando se cumple exactamente un año de la denuncia y confirmación del primer caso de mala praxis, "estos agentes reaccionarios y de extrema derecha vuelven a exigir públicamente la eliminación de la exclusividad aprovechando interesadamente para ello los últimos acontecimientos". "Este es y no otro, el proceder inaceptable que LAB pretende corregir. Por eso LAB nunca ha facilitado la identidad de los profesionales implicados y tampoco lo hará en el futuro", ha señalado.
"Esos intereses estrictamente corporativos y políticos han arrastrado al Gobierno de Navarra, a muchos profesionales médicos y especialmente a la sanidad pública a un callejón sin salida", ha indicado. Así las cosas, el portavoz ha asegurado que no va a aceptar "ninguna situación de privilegio para con el SMN, ni mucho menos que ejerza cierto derecho a veto".
"Se acabó aquello de tener mesas exclusivas para que algunos se dediquen a satisfacer sus intereses económicos propios y favorecer los negocios sanitarios privados por encima de la necesidad de mejorar la sanidad pública, las condiciones de toda la plantilla, y de los derechos de toda la ciudadanía", ha remarcado Karrera.
