La Seguridad Social acumula de nuevo retrasos relevantes en el pago de prestaciones a ciudadanos navarros, en algunos casos de más de dos meses, coincidiendo con el periodo veraniego. La situación, que ya se vivió el año pasado y es atribuida a la escasez de plantilla, se suma a las dificultades para lograr una cita o para ser atendido, que no han sido corregidas por completo a pesar de los anuncios públicos hechos.
La llegada del periodo vacacional, cuando buena parte de los trabajadores de las oficinas disfruta de sus días de descanso, ha tensionado de nuevo el día a día de las plantillas. Y la consecuencia directa son los retrasos en la tramitación de expedientes electrónicos, que permanecen en un limbo administrativo durante semanas. Es el caso de las pensiones de jubilación, pero también de prestaciones de otro tipo, como las de maternidad y paternidad, que en ocasiones se disfrutan en diferentes periodos, complicando un poco más la gestión de la documentación.
La principal dificultad con la que se encuentran los ciudadanos que quieren resolver un trámite es la consecución de una cita previa de carácter presencial. Este requisito, impuesto durante la pandemia por motivos de salud pública, se ha mantenido vigente tras el fin de la alarma sanitaria, obviando la reclamación de muchos ciudadanos que desean regresar al sistema previo, el que uno acudía a la oficina, cogía turno y resolvía con mayor o menor acierto el trámite.
Lograr una cita, hoy, resulta a veces desesperante. Una sencilla búsqueda realizada esta semana a través de la web, introduciendo la cl@ave y escogiendo Navarra como comunidad se saldaba con el siguiente mensaje: “Lo sentimos, no existe disponibilidad en los próximos días para el servicio solicitado. No obstante, si lo desea, puede volver a intentarlo por el resto de las opciones de búsqueda de cita. También puede presentar telemáticamente su solicitud”. Dicho de otro modo: hágalo usted mismo por internet, una opción implanteable para miles de personas mayores; encárgueselo a sus hijos, si los tiene y saben manejarse en internet; o pague a alguien, un gestor especializado, para que se encargue de todo.
Contrataciones a la vista El Ministerio de Seguridad Social anunció antes de verano que la plantilla de se verá reforzada con un total de 2.500 empleados públicos a lo largo de los próximos meses, una vez se concrete la oferta pública de empleo del 2023. A ello cabe añadir el compromiso del Ejecutivo de estabilizar los 1.025 trabajadores interinos que entraron en las oficinas para reforzarlas para la gestión del nuevo ingreso mínimo vital. Con ello se trataría de compensar el progresivo envejecimiento de las plantillas de los diferentes centros territoriales, entre ellos el de Navarra, afectado también por la escasez de personal. Según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, la Seguridad Social ha perdido el 24% de sus efectivos en la última década. En 2012, al inicio del grueso de los recortes y las políticas de austeridad aplicadas tras la llegada del Partido Popular al Gobierno, había en la tesorería general y los entes vinculados un total de 30.217 trabajadores. Apenas once años después, quedan 22.979 empleados, es decir, casi 8.000 efectivos menos que soportan una carga de trabajo mayor. En los últimos meses ha comenzado a revertirse la situación, si bien todavía de modo insuficiente para hacer frente a la creciente demanda de servicios y nuevas prestaciones.
Esta es la opción por la que se han decantado muchos autónomos, acostumbrados a resolver por sí mismo sus trámites, en ocasiones más complejos. Tanto cuando se encuentran en activo –en el caso de los asalariados muchas empresas se encargan de la gestión o contratan asesorías–, como en el momento de jubilarse, cuando deben aportar un mayor volumen de documentación que quien ha trabajado siempre por cuenta ajena.
Los retrasos han sido una constante desde el estallido de la pandemia y han soliviantado a la ciudadanía, pero también a los sindicatos, que llegaron a convocar una huelga, desconvocada posteriormente tras la promesa del Ministerio de Seguridad Social de incorporar a más de 3.000 nuevos trabajadores para paliar el caos y reducir los retrasos, que afectan a todo tipo de prestaciones.
“Llevo más de 5 meses esperando a que la Seguridad Social (INSS) me pague la pensión de Incapacidad Permanente que tengo reconocida por sentencia de 20 de febrero de 2023”, explicaba esta misma semana Miguel Ángel Recarte Arilla, en una carta al director a este medio, una de las muchas que se han recibido en los últimos meses criticando el servicio recibido. “He acudido varias veces a las oficinas del INSS, la última el martes 1 de agosto, y no saben decirme cuándo me pagarán la pensión y los atrasos correspondientes”, añadía antes de señalar a quienes, a su juicio, son los responsables. “Me consta que las personas funcionarias del INSS están indignadas por la falta de personal, la culpa es de la dirección, del Ministerio y del propio Gobierno”.
