Navarra cerró el año pasado con 2.259 personas agricultoras y ganaderas a título principal –las denominadas ATP, aquellas cuyos ingresos principales proceden del campo o de la granja; en definitiva, quienes viven de esta actividad–, según los últimos datos del Observatorio Agrario de Navarra. Predominan las fincas dedicadas al cereal, vino, hortalizas, y las granjas de vacuno de carne y ovino.
La Comunidad continúa perdiendo efectivos, un descenso que en la última década se ha producido de manera consecutiva. Entre 2014 y 2024, un total de 618 personas dejaron de trabajar en el sector, y otra vez al concluir el ejercicio pasado, nuestro territorio volvió a marcar un nuevo mínimo histórico, que preocupa tanto a las organizaciones agrarias como al departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno foral.
El peso
Los jóvenes, que representan el relevo en el campo y en la ganadería, apenas alcanzan el 18% del total; y el colectivo de 55 o más edad supone casi la mitad. En los últimos doce meses ha habido incremento de personas al frente de explotaciones en grandes cultivos, hortalizas, cultivos permanentes-leñosos y en mixtas de cultivos y ganaderías; en cambio, ha disminuido el número de titulares entre fincas vitivinícolas, frutales, vacuno de leche y de carne, ovino y porcino. Entre el ascenso de unos y la bajada de otros, el balance final deja 41 profesionales menos en 2024 respecto a 2023 -de 2.300 a 2.259-
Esta pérdida se ha producido en el año que surgió el Movimiento 6F –llamado así porque el 6 de febrero agricultores y ganaderos iniciaron protestas no programadas con sus tractores por toda la Comunidad para defender el presente y futuro de su sector–.
Asignatura pendiente
Personas agricultoras y ganaderas de todas las edades sacaron sus tractores. Entre ellos se encontraban jóvenes agricultores y ganaderos que llegan a los 415 en 2024. El colectivo de menos de 40 años después de la pandemia había crecido en Navarra de manera consecutiva; pero el año pasado se cortó esa racha positiva, ya que registró once menos, de los 426 a los 415 actuales.
El departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente presentó en octubre el programa Lurberri enfocado al relevo generacional para impulsar doce acciones que aseguren incorporaciones en el campo y en las granjas. La consejería de José María Aierdi va a destinar 22,5 millones en un lustro para mejorar las cifras que actualmente arroja el Observatorio.
Nuevas subvenciones
De entre las medidas, el Ejecutivo lanza ayudas para la instalación de jóvenes en el sector de entre 40.000 y 100.000 euros según una serie de requisitos, que están exentas de tributar. Esta subvención ha mejorado de manera considerable respecto a la anterior y antes había que declararla. Habrá que esperar todavía para ver su efectividad.
Sobre Mercosur
Entre los últimos asuntos que preocupan al sector aparece en escena el tratado entre la UE y Mercosur. Este jueves en el pleno del Parlamento el consejero José María Aierdi anunció que su departamento ha encargado un diagnóstico y análisis – en el que van a participar expertos de la UPNA en comercio exterior– para saber cuál puede ser el impacto de este acuerdo comercial con los países de Mercosur sobre el sector agroalimentario de Navarra, detallado por cada uno de los sectores, subsectores y productos.
Además, a partir de esa iniciativa, Aierdi indicó que se convocará un grupo de trabajo en el que participen todos los agentes afectados –productores, industria agroalimentaria, organizaciones agrarias, y personal técnico de comercio exterior, etc–. “Con ello, vamos a activar las medidas que podamos adoptar en Navarra para proteger nuestro producto y, al mismo tiempo, abrir nuevos mercados a la exportación”, dijo.
La Comunidad Foral exporta productos agroalimentarios por valor de 12,6 millones a los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay Uruguay y Venezuela) e importa por 3,3 millones, detalló Aierdi. En respuesta a una pregunta de Geroa Bai, afirmó que “hay que ver la letra pequeña” de este pacto, que “obliga a estar vigilantes” y a extremar los controles ante posible prácticas de dumping.
Abogó por aplicar “controles estrictos” de los productos exportados por Mercosur a la UE en cuanto a cumplir las mismas exigencias sanitarias y sociolaborales europeas.
