El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, ha insistido este viernes en que "la prioridad para este Gobierno es trabajar en el futuro de Sunsundegui y en el de su plantilla". Ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia en comisión parlamentaria.

Sunsundegui se encuentra en concurso de acreedores, con 350 empleos en el aire. "Desde 2023, hemos trabajado en el objetivo de mantener la continuidad de la carrocera y eso nos sigue guiando en el presente", ha reiterado.

La administración concursal estudia la viabilidad de la propuesta de un grupo industrial interesado en continuar con el centro productivo en Alsasua. Esta posibilidad ha llevado a prolongar el ERTE a la plantilla hasta abril. En este contexto, Irujo ha subrayado que continúan "trabajando día a día por tratar de asegurar un futuro para la planta".

Ha pronunciado estas palabras en la introducción de la comparecencia, a petición de UPN, PPN y Vox, por el nombramiento del exetarra Bixente Nazabal como miembro del consejo de administración de Sunsundegui.

El consejero ha manifestado, como ya lo hiciera en anteriores ocasiones, que este nombramiento fue realizado cumpliendo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, como ocurrió con el resto de consejeros.

El Registro Mercantil

Ha reiterado que la competencia para el nombramiento de los administradores corresponde a la junta de socios de la empresa y corresponde al Registro Mercantil comprobar que los administradores cumplen con los requisitos legales.

Todas las personas nombradas como administradores del consejo de Sunsudegui, ha apuntado, cumplen con los requisitos legales establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, ya que "no se incurre en prohibición alguna de las marcadas por la norma y su nombramiento, por tanto, era ajustado a derecho".

Prueba de ello, ha agregado, es que el Registro Mercantil, revisada y comprobada la documentación de los nuevos nombramientos y al no advertir ningún tipo de prohibición que impidiera el nombramiento de alguno de los propuestos como administradores, procedió a darle validez y a inscribir el nuevo consejo de administración.

Ha explicado que los trabajadores de la empresa tienen cerca del 40 % de las acciones, lo cual les legitima para proponer candidatos y nombrarlos como sus representantes en el consejo de administración. En el caso del Bixente Nazabal, ha comentado, su elección "fue realizada de manera autónoma y conforme a la normativa vigente por las y los representantes del personal trabajador con acciones" y esta decisión "no ha sido influida ni determinada en ningún modo" por la sociedad pública Sodena.

"Yo nunca he tenido relación ni contacto con el señor Nazabal, a quien no conozco personalmente", ha declarado.

El turno de los portavoces

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha considerado, sobre el nombramiento de Nazabal, que no se acompaña adecuadamente a la empresa "permitiendo lo que se permitió". Ha subrayado que "hay ocasiones en las que hay que plantarse" y "hay que defender las convicciones democráticas".

"Hay veces en las que hay que decir que no, por decencia democrática", ha indicado Esparza, quien ha resaltado que el Gobierno de Navarra podía haberse opuesto al nombramiento de Nazabal, en un momento en que se iba a dar a la empresa una ayuda de seis millones de euros, pero "se miró hacia otro lado".

La parlamentaria del PP Maribel García Malo ha afirmado que "es inadmisible que la empresa donde el Gobierno de Navarra está poniendo mucho dinero a través de Sodena se acepte que alguien con delitos de sangre a sus espaldas y que ha formado parte de la banda terrorista esté en un consejo de administración".

"Ahí la Administración se tiene que plantar", ha asegurado García Malo, quien ha señalado al consejero que esto "no se puede decir que se escapa de su competencia", ya que el Gobierno de Navarra sí intervino en su día para cambiar al administrador único de Sunsundegui por un consejo de administración.

Por Vox, Emilio Jiménez ha dicho que están de acuerdo con la legalidad, pero ésta "viene unida a la moralidad". El Gobierno de Navarra, ha denunciado, no se opuso al nombramiento de este "asesino" y ahora "se intentan lavar las manos hablando de legalidad".

Tras considerar que el Gobierno de Navarra "ha traspasado el umbral de las leyes morales", Jiménez ha comentado que "hay que mirar al futuro pero no podemos olvidar ni el pasado ni el presente".

El parlamentario socialista Javier Lecumberri ha indicado que "poco se puede discutir" sobre la legalidad de este nombramiento, aunque "nos parece deleznable, rechazamos absolutamente" la elección de Nazabal.

"Nos da asco que este personaje esté en el consejo de administración de Sunsundegui", aunque "es inevitable desde el punto de vista legal", ha subrayado Lecumberri, quien ha denunciado además la "utilización política" de este asunto por parte de la oposición.

Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha recordado que el Registrador Mercantil procedió a la inscripción del consejo de administración sin "ninguna salvedad" y ha puesto de relieve "el derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras a la libre elección de sus representantes".

El parlamentario ha defendido "el derecho al trabajo de cualquier persona, se llame Bixente Nazabal o se llame como se llame" y ha comentado que ésta es "una persona con 28 años de ejercicio de la abogacía tras salir de la cárcel".

Desde Geroa Bai, Mikel Asiain ha preguntado "cómo se puede evitar que una persona, con todos sus derechos, nos guste o no nos guste" acceda a este puesto de trabajo. Ha compartido el dolor de las víctimas de ETA, pero "más allá de eso está el estado de derecho, está la legalidad".

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha afirmado que desde su grupo "sin complejos podemos decir que no nos gusta un pelo" el nombramiento y ha destacado que, "si no queremos que las personas que hayan cometido delitos de asesinato o de terrorismo formen parte de los consejos de administración, podríamos legislar" este aspecto, aunque después sería anulado por el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.